Análisis de VioGén y EPV-R en relación a su impacto en mujeres migrantes

Publicado por AlgoRace en

Asistimos de manera ininterrumpida a la conmoción social y política ante la lacra de la violencia machista. Mientras escribimos estas líneas, en solo 24 horas tres casos de violencia de género se han saldado con 6 asesinatos. En uno de ellos, el presunto asesino se encontraba dentro del Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén). No obstante, la víctima, Amal, había sido catalogada con un nivel de riesgo “bajo” y, en consecuencia, no disponía de las medidas de protección policial necesarias. Tampoco había monitoreo policial del agresor a pesar de las denuncias y la existencia de una orden de alejamiento. 

Según datos de Estadística y del Instituto de las Mujeres, durante 2023, al menos 374.175 mujeres sufrieron algún tipo de violencia física y/o sexual y 2.164.006 violencia psicológica. Este mismo informe que pone cifras a la violencia polifacética en contra de las mujeres, indica cómo desde 1999 hasta 2022, al menos 1.405 mujeres murieron asesinadas por sus parejas o ex parejas, mientras que durante 2023, y hasta el 2 de octubre de ese mismo año, al menos otras 50 mujeres habían sido víctimas mortales de violencia de género. Esto suponía más que en todo 2022.

Detrás de estas cifras hay historias y, en el caso de las mujeres migrantes, están sobrerrepresentadas, tal y como lo muestran las estadísticas. Sobrerrepresentación que se ha mantenido en el tiempo. De hecho, entre 2003 y 2021, los feminicidios de mujeres migrantes representaron el 34% del total de los casos registrados. Esto equivale a entre 10 y 11 feminicidios por cada millón de mujeres migrantes residentes en España, mientras que los feminicidios de mujeres españolas durante el mismo período representa entre 1,7 y 2 por cada millón de mujeres españolas. 

Si atendemos a la nacionalidad de las víctimas, la prevalencia entre mujeres de nacionalidad extranjera es muy superior a la que tiene lugar entre mujeres españolas. De esta forma, en 1999 la tasa de víctimas extranjeras por millón era del 18,94% frente al 2,13% para las mujeres españolas. Si bien la tasa se ha reducido considerablemente para este grupo poblacional y en 2022 se situaba en el 5,79%, esta cifra sigue muy por encima del 1,54% de las víctimas españolas.

En esta línea, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2021 el 66,9% de los procedimientos judiciales incoados en Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM), a partir de denuncias por violencia de género, implicaron a mujeres españolas y el 33,1% a extranjeras.  Las migrantes no solo están sobrerrepresentadas en las cifras de víctimas, también en procesos judiciales.

Para hacer frente a la lacra de esta violencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) emplean desde hace casi dos décadas diferentes sistemas de evaluación de riesgos.  Se trata de modelos estadísticos que mediante el análisis de diferentes variables personales (edad, género, nacionalidad, antecedentes, número de hijos, etc.) arrojan un resultado que indica el nivel de riesgo potencial que afronta una mujer una vez acude a denunciar.

Estos sistemas de decisión automatizada cruzan diferentes datos e informaciones con la finalidad de contribuir a otorgar a la víctima la protección necesaria en función del nivel de riesgo otorgado. Los más conocidos son VioGén, empleado en la mayoría del estado por la Policía Nacional, Guardia Civil y algunas Policías Autonómicas y Locales, salvo en el País Vasco. En este último, la Ertzaintza emplea la Escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja (EPV), posteriormente revisada (EPV-R). Su función es apoyar la toma de decisiones por parte de las instituciones policiales y de justicia, siendo empleadas en procedimientos judiciales y llegando a condicionar las decisiones que se toman durante el proceso penal.

Si bien estas herramientas tienen como finalidad apoyar en la respuesta temprana e integral la lucha contra la violencia de género, el uso de sistemas matemáticos que simplifican realidades complejas y el contexto en el que estas se enmarcan, sumada la falta de transparencia, ha sido algunas de las críticas de organizaciones sociales y de quienes en el día a día, trabajan directamente contra esta violencia específica.

En los últimos años, ambos sistemas han sido analizados por investigaciones externas que señalan deficiencias que podrían estar afectando a su eficacia, e impactando negativamente en las mujeres sobre las que se aplica. En lo relativo al sistema de VioGen, a fecha del 31 de diciembre de 2021, el Ministerio del Interior tenía registrados 69.469 casos activos de violencia de género. De estos, el 69% correspondían a mujeres nacidas en España y el 31% a nacidas en el extranjero. La tasa de casos activos registrados entre mujeres nacidas en España es de 2 puntos, mientras que la de mujeres nacidas en otros países es de 8. No obstante, un dato relevante es que la activación de protección policial cuando se aprecia riesgo es 6 puntos porcentuales menor en mujeres migrantes que en españolas. Las migrantes no solo tienen mayor nivel de victimización en términos proporcionales, también cuentan con una menor protección frente a la violencia que padecen. 

Así mismo, la mencionada auditoría externa a VioGen reveló problemas graves en su desarrollo al subestimar el riesgo para las víctimas. Entre 2003 y 2021 unas 71 víctimas mortales habían presentado denuncias previamente sin obtener protección. Por otro lado, unas 55 mujeres asesinadas recibieron una orden de protección insuficiente, como ha resultado en el caso de Amal. Además, esta auditoría señala falta de representación de mujeres migrantes y, ausencia de información sobre el sistema y el procedimiento a las denunciantes durante todo el proceso de denuncia.

En cuanto a EPV-R, una investigación externa señaló que en el 53% de los casos, el sistema asignaba riesgo bajo a situaciones clasificadas de alto riesgo. Además, expone que los agentes de la Ertzaintza realizan “juicios de valor específicos” al rellenar el cuestionario, determinando si una persona es celosa o no, o si el investigado/detenido proviene de una “cultura distinta a la occidental”. De hecho, en una entrevista del inspector jefe de la Ertzaintza, miembro desarrollador de la plataforma de la que forma parte EPV-R, EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa, en español Protección de Mujeres y Amas de Casa), reconoció la relevancia de la categoría “extranjero” en el cuestionario de la herramienta, empleada solo para aludir así a varones procedentes de países con una “cultura distinta”. Hablamos pues, de afirmaciones subjetivas y estigmatizantes que contribuyen a la evaluación final del nivel de riesgo de la víctima y, a su vez, pueden contribuir en etiquetar a determinadas personas como potencialmente agresores de manera prejuiciosa y predeterminada.

Por arrojar luz sobre todas estas cuestiones, esta investigación se centra en hacer visibles las particularidades que envuelven las vidas de las mujeres migrantes y racializadas en el Estado español a la hora de acudir a denunciar violencia de género, al tiempo que busca evidenciar las dificultades que de manera recurrente padecen en su cotidianidad. Unas dificultades que determinan no solo la decisión de denunciar la violencia de género, sino también la capacidad y la forma de hacerle frente. Esto pasa inevitablemente por conocer cómo VioGén y EPV-R prevén todas estas particularidades y, al mismo tiempo, obtener información sobre unos sistemas altamente desconocidos por la sociedad en su conjunto, que condicionan las posibilidades de vida de las denunciantes, en tanto en cuanto, determinan las medidas de protección que les serán otorgadas.


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