Todo lo que necesitas saber del nuevo régimen de deportación digital de la Unión Europea
Artículo original de Protect Not Surveil traducido por Judith membrives i llorens
El 17 de Junio, el Parlamento Europeo aprobó la nueva regulación de deportaciones (oficialmente llamado Reglamento de “Retorno”). La regulación de deportaciones tiene como objetivo perseguir, perfilar y detectar masivamente a personas en situación administrativa irregular para deportarlas fuera de Europa. Lo más terrible es que este nuevo sistema de deportaciones permite a los estados miembros expulsar a personas a países en los que no ha estado jamás, para detenerlas de forma indefinida. Más de 200 organizaciones hemos batallado contra esta propuesta legislativa, denunciado estas nuevas normas por lo que son: inhumanas.
La regulación también impulsa y amplía los poderes de vigilancia de las autoridades nacionales. Las deportaciones dependen en gran medida de tecnologías y tratamiento de datos para su ejecución. En cada etapa del proceso, las herramientas digitales son utilizadas: para identificar y arrestar personas sin documentación, para detener y restringir sus movimientos y para ejecutar las decisiones de deportación.
El uso de tecnologías vulnera flagrantemente los derechos digitales y fundamentales de las personas afectadas por este nuevo régimen, desde la protección de datos al derecho al asilo, la dignidad y la libertad. La regulación de deportaciones muestra como el control migratorio y de fronteras continúa siendo un laboratorio de pruebas tecnológicas para la UE y sus estados miembros, que de manera progresiva e incesante profundizan en el régimen de excepción del marco legal europeo de protección de datos y, por ende, en la vulneración de los derechos fundamentales.
Vigilancia, intrusión y perfilamiento racial (Artículo 23a)
El nuevo régimen de deportación impone a las personas sin “permiso de residencia” o de “viaje” la obligación de “abandonar el país y cooperar”. Para “fomentar” las deportaciones y facilitar la identificación de personas en esta situación, las autoridades nacionales están autorizadas a adoptar medidas de investigación, cómo por ejemplo llevar a cabo redadas y allanamientos domiciliarios y registrar cualquier otro lugar considerado «relevante». Estos lugares pueden ser centros comunitarios y de acogida, lugares de trabajo, hospitales, entre otros. También tienen la posibilidad de exigir la recopilación de datos biométricos y registrar y confiscar pertenencias personales, dispositivos electrónicos y otros objetos relevantes; en otras palabras, literalmente cualquier cosa a cualquier persona. También pueden aplicarse otras medidas de investigación definidas en la legislación nacional, lo que otorga a los Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad para introducir medidas de gran alcance.
Estas prácticas codifican la criminalización de las personas migrantes y resultan desproporcionadas para la “gestión” de la migración. En primer lugar, los allanamientos y redadas policiales sin la exigencia de un control judicial independiente en todos los países de la UE macillarán la confianza de los lugares considerados seguros hoy en día e infundirán miedo e inseguridad entre las comunidades migrantes y quienes les prestan servicios y apoyo.
En segundo lugar, la coacción para recopilar datos biométricos, supuestamente “como último recurso”, constituye una grave infracción de los derechos fundamentales a la dignidad, la integridad, la libertad y la seguridad, ya que incentiva el uso de la violencia, el castigo y la detención. Un informe de 2018 de Médecins du Monde mostró tratamientos degradantes recurrentes por parte de las fuerzas policiales belgas, que a veces equivalen a tortura (confinamiento en ropa interior en “celdas refrigeradas”, chantaje, violencia física, etc.), contra las personas migrantes en respuesta a su negativa a dar sus huellas dactilares. La nueva disposición que permite la coerción es nada menos que un salvoconducto para futuros abusos físicos y psicológicos.
En tercer lugar, el registro e incautación de dispositivos electrónicos es extremadamente intrusivo y manifiestamente desproporcionado. La extracción de datos telefónicos, en particular, puede dar lugar a una amplia recopilación de datos sensibles, incluidos datos que no son necesariamente relevantes para el procedimiento administrativo. En Alemania, el Tribunal Administrativo Federal declaró ilegal la práctica rutinaria de la Oficina Federal para Migraciones y Refugiados (Oficina de Migración BAMF) de registrar los teléfonos móviles de los solicitantes de asilo sin causa. La incautación de dispositivos también fomenta la adquisición y el uso de herramientas de piratería para eludir sus sistemas de seguridad (códigos de acceso, números PIN, etc.), como el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense Forense) de la empresa israelí Cellebrite, que puede extraer datos incluso de teléfonos inteligentes bloqueados en ciertos casos. En 2019, Cellebrite se promocionó ante los gobiernos como la solución para identificar a los solicitantes de asilo sin documentos.
Las personas racializadas y percibidas como “no blancas”, que viven o viajan a través de la UE serán detenidas y registradas con más frecuencia de lo que ya son y sometidas a estas medidas incluso cuando estén buscando servicios que salvan vidas y permiten espacios de conexión comunitaria.
El texto especifica que cualquiera de esas medidas puede aplicarse sin el consentimiento de la persona afectada, pero debe respetar los derechos fundamentales y estar sujeta a salvaguardias y recursos conforme a la legislación nacional y de la UE. Este requisito vagamente definido probablemente seguirá siendo texto vacío y, en cualquier caso, inútil ante los crecientes abusos, discriminación y hostilidad contra las personas migrantes que la ley permite.
Además, no hay duda de que estas medidas reforzarán la elaboración de perfiles raciales en la práctica cotidiana de aplicación de la ley, ya que la policía y los agentes de migración utilizan sistemáticamente el color de la piel y el origen étnico como indicadores para asumir la nacionalidad o el estatus migratorio de las personas. Las personas racializadas y percibidas como “no blancas”, que viven o viajan a través de la UE serán detenidas y registradas con más frecuencia de lo que ya son y sometidas a estas medidas incluso cuando estén buscando servicios que salvan vidas y permiten espacios de conexión comunitaria.
Decisiones de deportación opacas y arbitrarias (Artículo 16)
En general, el proceso de deportaciones se ha vuelto cada vez más opaco. Las órdenes de deportación ya no tienen que incluir un “país de retorno” cuando se emiten, las personas pueden ser deportadas a países en los que nunca han puesto un pie y se alienta a las autoridades nacionales a adoptar un enfoque de “primero las deportaciones” ante las solicitudes de asilo rechazadas sin considerar vías alternativas para la regularización. Esta situación combinada con un proceso de apelación degradado y externalizado, es decir, la deslocalización de la llamada “crisis migratoria” en Europa, es total, dejando a las personas en situación administrativa irregular con pocos recursos ante la justicia y aún menos acceso a asistencia legal y apoyo comunitario.
Pero quizás el desarrollo más orwelliano sea la “marca o señal de riesgo de seguridad” que se agregará a los perfiles de las personas en el Sistema de Información Schengen. Una simple alerta es suficiente para garantizar la detención o deportación indefinida y se basa en una interpretación increíblemente liberal de lo que realmente constituye un “riesgo para la seguridad”. No es necesario haber cometido un delito; basta con tener la “intención” de hacerlo, basándose nada más que en “indicios razonables” (léase: sospecha racializada, elaboración de perfiles, estereotipos, etc.).
Una vez marcadas, las prohibiciones de entrada pueden ser permanentes. Bajo detención, las personas bajo banderas de seguridad podrían estar sujetas a confinamiento y supervisión más estrictas, y detenidas indefinidamente. Aparte de las consecuencias materiales, lo que esta designación arbitraria hará es crear un clima de miedo, vigilancia y consolidar aún más las políticas migratorias punitivas y deshumanizantes de Europa.
Detención con apoyo tecnológico (Artículos 17, 23c y 29)
La detención es una característica clave del régimen de deportaciones de la UE y aumentará las tasas de encarcelamiento, especialmente dado que los motivos para la detención son numerosos y muy amplios. Una vez más, las tecnologías son explotadas con el fin de controlar y restringir los movimientos.
La UE ya ha financiado instalaciones penitenciarias para la detención de migrantes, como los «Centros de Acceso Cerrado y Controlado» en Grecia. Estas instancias modernas del panóptico de vigilancia están equipadas con cámaras, drones, sensores de movimiento y modelos de acceso mediante huellas dactilares. Se espera que estos centros de detención facilitados tecnológicamente proliferen rápidamente, tanto dentro de la UE como en los nuevos países designados como «países de retorno».
Si no se les detiene físicamente, los Estados miembros pueden utilizar el monitoreo electrónico como «alternativa a la detención». Los estudios han demostrado los impactos severos que los escáneres de huellas dactilares o las etiquetas GPS tienen en el bienestar físico y mental de las personas, debido a su naturaleza omnipresente y los altos niveles de ansiedad y estrés resultantes. Aunque se consideran menos restrictivas, estas técnicas efectivamente constituyen «prisiones mentales» y la nueva legislación respalda su adopción en todos los países de la UE, expandiendo y normalizando la vigilancia estatal.
Intercambio de datos con terceros países, aerolíneas y proveedores médicos (Artículos 39 y 40)
Las autoridades nacionales y Frontex están autorizadas a compartir una amplia gama de datos con terceros países, aerolíneas y proveedores médicos para hacer cumplir las decisiones de deportación, incluyendo identidad, datos biométricos, nacionalidad, idiomas, documentos de viaje e historial, estatus de residencia y visa, motivos de deportación y datos de salud. Además, también pueden compartir información sobre condenas penales con las autoridades de terceros países.
Este marco de transferencia de datos es particularmente preocupante desde la perspectiva de la protección de datos, ya que carece de mecanismos cruciales de supervisión o reparación para los individuos afectados. En particular, confía temerariamente en que la autoridad competente o Frontex hayan realizado las verificaciones necesarias de que la transferencia de datos no corra el riesgo de violar los principios de non-refoulement (principio de no devolución) y de ne bis in idem (derecho a no ser juzgado o castigado dos veces en procedimientos penales). La última versión del texto eliminó el derecho a ser informado para las personas cuyos datos fueron compartidos con terceros, lo cual es un enorme obstáculo para buscar reparación en caso de transferencias ilegales y convierte en sin sentido su derecho a acceder a remedios efectivos. Por último, el requisito de documentar las transferencias de datos con fines de supervisión y verificación de legalidad por parte de las autoridades europeas de protección de datos también fue diluido en la última ronda de negociaciones.
La constante construcción y ampliación de la Europa Fortaleza
La Comisión Europea ha descrito acertadamente el Reglamento de Deportaciones como el seguimiento natural del Pacto de Migración y Asilo de 2020, la pieza faltante en la maquinaria de control y castigo de la UE. La Directiva de Facilitación – actualmente en negociación – intenta criminalizar aún más a las migrantes y apunta a las organizaciones de solidaridad en el camino.
El conjunto de estas leyes está construyendo una infraestructura digital y física cada vez más fascista para sistematizar la criminalización, vigilancia, detención y deportación.
Otra revisión más de Europol (la tercera en seis años) fue anunciada el 24 de junio, confirmando un nuevo presupuesto de 3 mil millones de euros para convertir la agencia policial de la UE en un «centro de tecnología e innovación», completo con un nuevo Espacio Compartido de Datos Policiales a nivel europeo. La propuesta erosiona peligrosamente la privacidad, automatiza la vigilancia y margina la supervisión. Se espera también una revisión del mandato de Frontex en septiembre de este año, proporcionando 12 mil millones de euros al tesoro de la agencia y poderes incalculables para coronarlo todo. Ya hay confirmación de que la agencia ultra-controvertida podrá deportar personas entre países no pertenecientes a la UE, llevando su misión a escala global.
Mientras tanto, la UE continúa su objetivo de digitalizar completamente su régimen de deportaciones. La próxima propuesta para la «Digitalización de la Gestión de Casos» – también esperada en septiembre – buscará acelerar y automatizar los procesos de «retorno y readmisión» impulsando el intercambio de datos, estableciendo mayor interconexión de bases de datos e imponiendo niveles mínimos de digitalización. Esto cumplirá con la obligación del Reglamento de Deportaciones de establecer una nueva base de datos de deportaciones a nivel de la UE para facilitar el intercambio de datos y agilizar las deportaciones. También operativizará el «reconocimiento mutuo» – un concepto nuevo adoptado en el Reglamento que obliga a los Estados miembros a respetar las órdenes de deportación de los demás cuando una persona se traslada de un Estado miembro a otro.
La propuesta de la Comisión Europea para el siguiente presupuesto de la UE ha sido correctamente denominada un «presupuesto de fortaleza». Cantidades crecientes de dinero y recursos se están canalizando hacia la militarización de nuestras fronteras y ciudades. La protección social apenas es un pensamiento secundario, y los mejores cerebros jurídicos de la UE luchan para eludir las obligaciones de derechos fundamentales y desafiar el derecho internacional de derechos humanos tanto como sea posible.
Pero más criminalización, vigilancia y castigo solo acerca a Europa a prácticas cada vez más autoritarias y fascistas. Los fondos de la UE deben desviarse de agencias asesinas como Frontex y la necropolítica de las políticas migratorias del bloque. En cambio, el dinero público debería gastarse en garantizar cuidado y protección, desde rutas seguras y capacidades de acogida hasta educación, atención médica y vivienda social.
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