Reglamento de retorno: El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE respalda las redadas policiales en viviendas privadas para buscar migrantes

Publicado por AlgoRace en

Artículo original en PICUM

El 8 de diciembre, el Consejo de la UE votó su posición negociadora sobre el proyecto de Reglamento de Retorno, la iniciativa insignia de la UE para intensificar la detención de inmigrantes y las deportaciones de personas indocumentadas, incluso a países fuera de la UE.

El Consejo ha respaldado una posición que agrava aún más la propuesta original de la Comisión:

  • Un nuevo artículo que permitiría a las autoridades realizar redadas en el hogar, investigaciones y Un nuevo artículo que permitiría a las autoridades realizar redadas domiciliarias, investigaciones y controles adicionales para hacer cumplir las deportaciones. Los registros abarcarían tanto los domicilios de las personas que van a ser deportadas como «otros locales pertinentes», lo que podría abrir la puerta a que la policía registre las casas de ciudadanos sospechosos de dar cobijo a migrantes, así como las oficinas y los refugios gestionados por organizaciones humanitarias.
  • Una ampliación masiva del uso y la duración de la detención de inmigrantes, hasta 30 meses (frente a los 18 actuales y los 24 de la propuesta de la Comisión), incluso para los niños.
  • Ampliación de los motivos de detención, incluyendo la ausencia de vínculos familiares, el trabajo irregular y los medios de subsistencia insuficientes, lo que supone una criminalización de facto de la pobreza y la exclusión.
  • Posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, lo que da lugar a detenciones arbitrarias, graves problemas de rendición de cuentas y de supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena a países inseguros y numerosas otras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso para los niños que viajan con sus familias.
  • Exenciones ampliadas de los derechos fundamentales para migrantes considerados un riesgo para la seguridad nacional y el orden público, lo que difumina aún más las líneas entre el derecho penal y la migración y refuerza estereotipos peligrosos.
  • Prohibiciones de entrada de hasta 20 años, prorrogables por tiempo indefinido cuando se invoquen riesgos para la seguridad, así como obligaciones desproporcionadas para las personas consideradas no cooperativas en el procedimiento de retorno; el incumplimiento daría lugar a multas, recortes en la ayuda financiera destinada a reconstruir una vida tras la expulsión e incluso sanciones penales.
  • Cláusulas adicionales de «flexibilidad» que abren la puerta a nuevas medidas de castigo y contención a nivel nacional, incluida la ampliación de los motivos de fuga y detención, obligaciones adicionales de cooperación y sanciones por falta de cooperación.

El reglamento entraría en vigor dos años después de su adopción, a pesar de haberse presentado como «urgente». Sin embargo, las disposiciones destinadas a transferir la responsabilidad y externalizar las deportaciones, como los centros de retorno, serían aplicables de inmediato.


Recogida de firmas activa contra el Reglamento de retorno


Declaraciones de las organizaciones impulsoras de la campaña contra esta directiva:

Silvia Carta, responsable de incidencia política de PICUM, afirmó: «El denominado «Reglamento sobre el retorno» instaura un régimen de deportación que consolida el castigo, la violencia y la discriminación. En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE está optando por políticas que empujarán a más personas al peligro y al limbo legal. La posición del Consejo va en contra de la humanidad básica y los valores de la UE. Ahora le corresponde al Parlamento Europeo rechazar este enfoque. La gobernanza de la migración debe basarse en la dignidad y los derechos, no en el miedo, el racismo o la exclusión».

Sarah Chander, directora de la Iniciativa Equinox para la Justicia Racial, dijo: «Los gobiernos europeos están tratando de cambiar la ley para deportar a personas a lugares de los que no son originarias y con los que no tienen ninguna conexión. Con el «Reglamento sobre el retorno», la UE está legitimando las prisiones extraterritoriales, la discriminación racial y la detención de menores de una forma nunca vista. En lugar de buscar formas de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas, la UE está impulsando un régimen punitivo para los migrantes que no ayudará a nadie».

Olivia Sundberg Diez, defensora de la UE en materia de migración y asilo de Amnistía Internacional, ha declarado: «Hoy se espera que los ministros del Interior de la UE empeoren significativamente la propuesta de Reglamento sobre el retorno de la Comisión, que ya de por sí es punitiva y profundamente defectuosa. La detención como medida por defecto, las redadas domiciliarias, las nuevas sanciones y la vigilancia de las personas indocumentadas, y las deportaciones a cualquier precio, desmantelando sistemáticamente las protecciones de los derechos y permitiendo la detención indefinida en algunos casos. Reflejando las detenciones y deportaciones masivas, deshumanizadoras e ilegales que se producen en Estados Unidos, estas políticas de línea dura de los Estados miembros de la UE revelan un desprecio total por el derecho internacional y la dignidad humana».

Freek Spinnewijn, director de FEANTSA, afirmó: «La nueva propuesta no solo criminaliza aún más a los migrantes, sino que también amenaza a quienes prestan ayuda o servicios esenciales. La política de la UE debe mantener una estricta separación entre la aplicación de las leyes de inmigración y la ayuda humanitaria, y los Estados miembros deben respetar los principios basados en los derechos humanos, la neutralidad y la independencia de los actores humanitarios. Los servicios para personas sin hogar deben ser espacios seguros, protegidos de redadas o cualquier forma de control migratorio dirigido a personas indocumentadas».

Sofie Croonenberg, responsable de incidencia política de Stichting Vluchteling, afirmó: «Esta propuesta legitima aún más las políticas de externalización extremadamente perjudiciales de la Unión Europea. Aprendiendo de prácticas similares del pasado, los llamados «centros de retorno», sabemos que esto dará lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos e incluso a la detención de niños. Instamos a la UE a que abandone este concepto y pase a aplicar políticas centradas en las personas desplazadas. Esto solo es posible cuando los derechos humanos y la dignidad ocupan un lugar central».

Alkistis Agrafioti, responsable de defensa y abogada del Consejo Griego para los Refugiados (GCR), afirmó: «Grecia se ha convertido en uno de los experimentos más crudos de la UE en materia de detención de solicitantes de asilo, caracterizado por condiciones similares a las de una prisión, la falta de mecanismos de supervisión eficaces y repetidas denuncias de violaciones de derechos. El «Reglamento sobre los retornos» amenaza con replicar y afianzar este modelo en toda Europa. En lugar de aprender de los profundos fracasos de los enfoques basados en la detención, la UE está optando por ampliarlos, convirtiendo las zonas fronterizas en lugares de coacción y trauma para las personas que buscan protección. Se trata de un peligroso paso atrás. Un sistema migratorio humano debe basarse en la dignidad, la transparencia y el derecho a buscar seguridad».

Judith Sunderland, directora adjunta interina para Europa y Asia Central de Human Rights Watch: Los gobiernos de la UE tomaron una propuesta terrible de la Comisión Europea y la empeoraron enormemente. El proyecto de Reglamento sobre el retorno abre la puerta a redadas arbitrarias y abusivas y a la detención prolongada de migrantes, incluidos niños, basadas en perfiles raciales, que luego se enfrentan a ser enviados a centros de detención en países aleatorios en los que nunca han puesto un pie, todo ello con una supervisión legal mínima. Este futuro distópico es lo más lejos que puede llegar la UE de sus valores fundacionales de igualdad y respeto de los derechos humanos.

NOTAS PARA LOS EDITORES:

El pasado mes de septiembre, más de 250 organizaciones firmaron una declaración conjunta en la que pedían a los legisladores de la UE que rechazaran la propuesta de Reglamento sobre el retorno, destacando los riesgos para los derechos humanos y la opacidad en la toma de decisiones.

El Parlamento Europeo adoptará su propia posición negociadora en los próximos meses. A continuación, ambas instituciones, el Parlamento y el Consejo, deberán llegar a un compromiso para ultimar el texto.


Informe completo sobre la normativa de deportación aquí (en inglés)


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