Una reforma de Europol peligrosa para la protección de la privacidad: Automatiza la vigilancia e ignora la supervisión

Bruselas, 24 de Junio 2026
Nota de prensa de la coalición Protect Not Surveil
Se trata de la tercera reforma en seis años y destinará 3.000 millones de euros a una controvertida agencia policial de la UE con capacidad para someter a todo el mundo a vigilancia
Hoy (miércoles, 24 de junio), la Comisión Europea ha anunciado una nueva propuesta de reforma de Europol —la agencia policial de la UE— que amplía las competencias operativas de Europol y debilita las garantías fundamentales en materia de protección de datos, con un coste de 3.000 millones de euros.
Esta es la tercera reforma de Europol en seis años que modifica su mandato para ampliar sus competencias y su presupuesto. Esto sitúa a la Comisión Europea cada vez más en contradicción con los límites establecidos en los tratados de la UE, que solo prevén que Europol mantenga una función de apoyo a las autoridades policiales de los Estados miembros y sea competente exclusivamente en materia de delitos graves.
La propuesta de la Comisión afirma que «la injerencia en los derechos a la intimidad y a la protección de los datos personales… sigue siendo necesaria y proporcionada»; sin embargo, con los cambios propuestos, esta opaca agencia de cooperación policial de la UE podría almacenar y tratar los datos personales de cualquier persona.
A pesar de reconocer que la última reforma de Europol, en 2022, ya amplió significativamente el mandato de la agencia, la propuesta sigue adelante con importantes medidas desreguladoras para debilitar aún más las leyes de protección de datos y ampliar las competencias operativas:
- Ampliación de las competencias de Europol en materia de recopilación y análisis de datos
- El nuevo mandato introduce la carga automática y sistemática en las bases de datos de Europol de la información intercambiada y gestionada por las fuerzas policiales nacionales. Sin duda, esto aumentará el número de personas cuyos datos personales serán objeto de un acceso ilícito por parte de Europol.
- La propuesta legaliza varios de los sistemas informáticos no regulados de Europol mediante la creación de un «entorno analítico de Europol», una «infraestructura en la nube de Europol» y el alojamiento de un «espacio de datos compartido por las fuerzas policiales». Estos sistemas permiten a las autoridades de los Estados miembros, a otras agencias de la UE y a terceros países acceder a las herramientas y entornos digitales de Europol para el análisis conjunto de datos «y otras capacidades operativas y analíticas».
- Debilitamiento de las garantías clave de protección de datos:
- El nuevo mandato socava de manera fundamental las obligaciones de categorización de datos, permitiendo a Europol tratar datos personales de forma indiscriminada, independientemente de a quién pertenezcan, incluidos los datos de personas sin vínculo alguno con la delincuencia. Lo que en la revisión de 2022 era una medida excepcional se ha normalizado ahora.
- El texto generaliza el uso de datos biométricos para identificar y vigilar a las personas en la plataforma analítica de Europol, al rebajar el umbral para el tratamiento de dichos datos sensibles, lo que supone una flagrante contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
- Debilitamiento de los mecanismos de supervisión presentado como modernización en lugar de desregulación:
- Europol puede llevar a cabo operaciones de tratamiento de datos sensibles sin la autorización previa de su autoridad de control de protección de datos, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS por sus siglas en inglés), si Europol lo considera «urgente y necesario», o si el EDPS no emite su dictamen en un plazo de dos meses.
- El EDPS ya no interviene cuando Europol se desvía de su propio marco jurídico, ya que las competencias de supervisión se transfieren al responsable de protección de datos, una unidad interna de Europol que carece de independencia y de competencias.
Estos cambios de gran alcance se producen en el contexto de una agencia que ha sido declarada culpable en repetidas ocasiones de violaciones de derechos y prácticas ilegales en materia de datos.
El año pasado, la Comisión impulsó una reforma de Europol que ampliaba la vigilancia masiva con el pretexto de «luchar contra el tráfico de migrantes», socavando la supervisión democrática y las garantías en materia de intercambio de datos. Más de 120 organizaciones de toda Europa habían instado a los eurodiputados a rechazar la propuesta en su totalidad, argumentando que era «ilegal, insegura y carente de fundamento».
Esta propuesta sigue premiando a un cuerpo policial conocido por sus violaciones de los derechos fundamentales y contribuye aún más a la lógica de criminalización de la UE y a la creciente militarización de la sociedad, al tiempo que desvía fondos de las necesidades sociales.
Chloé Berthélémy, Senior Policy Advisor, European Digital Rights
“La Comisión vuelve a premiar la conducta indebida de Europol duplicando su presupuesto y normalizando sus prácticas ilegales en materia de datos. El nuevo mandato concede a esta agencia deshonesta todo lo que más deseaba y perpetúa su transformación en un agujero negro de datos que se traga nuestros derechos fundamentales y socava la justicia, la seguridad y la rendición de cuentas”
Sarah Chander, Director, Equinox Initiative for Racial Justice
«La Comisión Europea sigue dando prioridad a la criminalización frente a la asistencia, invirtiendo en vigilancia y debilitando los derechos fundamentales a la privacidad, en lugar de financiar los servicios sociales y la protección. Los 3.000 millones de euros asignados a Europol —una agencia conocida por tratar a los activistas climáticos como amenazas criminales— se utilizarán para reprimir a la oposición política, en lugar de para combatir los delitos graves».
Caterina Rodelli, EU Policy Analyst, Access Now
«El nuevo Reglamento de Europol es la manifestación perfecta de las agendas de desregulación y militarización de la UE. En la carrera por la innovación y la guerra, la Comisión Europea está vendiendo nuestros derechos fundamentales al mejor postor —en este caso, empresas de vigilancia como Palantir o proveedores de infraestructura en la nube como Amazon— y está invirtiendo en Europol para llevar el estado policial digital de la UE a nuevas fronteras distópicas».
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